martes, 22 de mayo de 2018

Crisis en Nicaragua: informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Com IDH)

Este 21 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Com IDH) dio a conocer su informe preliminar, a raiz de una visita in situ por parte de distintos comisionados y órganos de derechos humanos interamericanos invitados por las autoridades de Nicaragua para investigar la situación imperante en Nicaragua. Como bien es sabido, desde el pasado 20 de abril, sucesos de violencia mantienen a Nicaragua sumida en una profunda crisi, con diversas protestas callejeras y manifestaciones.

En la parte final de su informe, se lee que la Com IDH recomienda a Nicaragua, entre varios otros puntos:

"Cesar de inmediato la represión a los manifestantes y la detención arbitraria de quienes participan de las protestas. Respetar y garantizar el goce pleno del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población.

Crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia ocurridos, con garantías de autonomía e independencia para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables.

Garantizar la vida, integridad y seguridad de todas las personas que están manifestando y ejerciendo sus derechos y libertades públicas y sufriendo las consecuencias del ambiente de represión, en especial a los estudiantes, niñas, niños y adolescentes.

Ofrecer garantías efectivas para proteger a las personas que dieron testimonio a la CIDH o que de alguna manera participaron en sus actividades en el país; y abstenerse de tomar o de permitir que se tomen represalias en contra de ellas.
"

Foto extraida de nota de prensa (ElMundo.cr) titulada "Policía nicaragüense inicia liberación de manifestantes detenidos durante protestas"

Nótese que hace exactamente un mes, el pasado 22 de abril, Costa Rica había externado su profunda preocupación por la situación imperante en Nicaragua (véase breve nota con texto del comunicado oficial de Costa Rica).

Se reproduce a continuación el texto integral de dicho informe, el cual se encuentra disponible desde ya en este enlace de la Organización de Estados Americanos (OEA).

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Observaciones preliminares de la visita de trabajo de la CIDH a Nicaragua

21 de mayo de 2018

Ciudad de Managua - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) culminó hoy una visita de trabajo* a Nicaragua, la cual tuvo lugar del 17 al 21 de mayo de 2018. El objetivo de esta visita fue observar en el terreno de manera preliminar la situación de los derechos humanos en el país en relación con los hechos violentos que han tenido lugar a partir del 18 de abril de 2018, documentar estos hechos y emitir las primeras recomendaciones concretas al Estado. Para tal fin, la CIDH trabajó en tres equipos, visitado cuatro ciudades, instalaciones estatales, centros de salud, hospitales, el Instituto de Medicina Legal y centros de detención.

Desde el inicio de las recientes protestas en Nicaragua, la CIDH ha utilizado sus diversos mecanismos para monitorear la situación de derechos humanos en el país, inclusive la instalación de una Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna.

Durante su visita la CIDH reunió información documental, audiovisual y escuchó centenares de testimonios que evidencian graves violaciones de derechos humanos durante un mes de protestas, caracterizadas por el uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad del Estado y de terceros armados. Lo que dio como resultado decenas de muertos y centenares de personas heridas; detenciones ilegales y arbitrarias; prácticas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes; censura y ataques contra la prensa; y otras forma de amedrentamiento como amenazas, hostigamientos y persecución dirigidas a disolver las protestas y a inhibir la participación ciudadana.

Según la información recibida por la CIDH, desde el 18 de abril en el país hubo, al menos, 76 personas muertas, 868 resultaron heridas en su gran mayoría en el contexto de las protestas. De estas últimas, cinco permanecen en hospitales en estado de gravedad. Asimismo, 438 personas fueron detenidas, entre estudiantes, población civil, defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas.

La CIDH condena enfáticamente las muertes, agresiones y detenciones arbitrarias de las y los estudiantes, manifestantes, periodistas y otros ciudadanos que se han registrado en el país desde el inicio de las protestas y que continúan hasta la fecha. De igual forma la CIDH condena las muertes de dos policías y agresiones contra otros funcionarios públicos producidas en este contexto.

La Comisión urge al Estado de Nicaragua a que cese de inmediato la represión de la protesta social. En este sentido, el Estado debe adoptar con carácter urgente las medidas necesarias para garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y participación política. La Comisión urge enérgicamente al Estado a investigar diligentemente estos hechos, juzgar y sancionar a sus responsables, y reparar a las víctimas de violaciones a derechos humanos.

De acuerdo con información disponible, como antecedente de las protestas diversas fuentes mencionaron el incendio en la reserva natural de Indio-Maíz; y como catalizador de la situación el hecho de que el 16 de abril el gobierno publicara en el Diario Oficial una reforma a la seguridad social que incrementó los aportes de trabajadores y empleadores y que también estableció una detracción del 5% a los pensionados. Lo anterior, sumado a la dispersión de una manifestación de personas adultas mayores, produjo protestas generalizadas lideradas por grupos de estudiantes y jóvenes, así como también sectores de trabajadores, campesinos, ambientalistas, defensoras y defensores de derechos humanos, y ciudadanos en general. Sin perjuicio de que cinco días después el gobierno retiró la reforma al sistema de seguridad social, las protestas continuaron y se extendieron debido al descontento de amplios sectores de la sociedad con el gobierno actual. Posteriormente, la falta de reconocimiento y condena del gobierno en relación con la represión desatada también produjo una mayor indignación.

Los incidentes se registraron en la ciudad de Managua, León, Estelis, Matagalpa, Masaya, Sébaco y Jinotega, entre otros.

La respuesta represiva también incluyó medidas de censura contra la prensa, el bloqueo y ataques al funcionamiento de medios de comunicación en Internet, como represalia por su cobertura de las protestas, que nunca pueden ser justificadas y constituyen una forma de censura inadmisible en un sistema democrático. Según información recibida, el 18 de abril,) se suspendieron las transmisiones de Canal 12, Canal de Noticias de Nicaragua (CDNN23), Telenorte y Canal 51, este último de la Conferencia Episcopal. El canal 100% Noticias estuvo 6 días sin transmisión, lo que le impidió sacar al aire programas percibidos como contrarios a los intereses del gobierno; y el 23 de abril, la edición digital del semanario Confidencial sufrió un bloqueo durante siete horas. El periodista Ángel Gahona fue asesinado el 21 de abril en Bluefields mientras cubría los disturbios.

Asimismo, el 20 de abril se desató en Managua una represión encabezada por fuerzas policiales y grupos motorizados que abrieron fuego e incendiaron las instalaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería. En los sucesos muchos estudiantes se dieron a la fuga, pero varios de ellos quedaron atrapados en el recinto y perdieron allí la vida o sufrieron graves heridas. Uno de los cuales fue el adolescente Álvaro Conrado de 15 años de edad, impactado de bala en su cuello y cara cuando ingresaba agua a la universidad, testigos afirman que los disparos fueron efectuados por francotiradores.

Otro grupo de testimonios apuntan a que cientos de estudiantes habrían sido atacados en la explanada de la Catedral por decenas de agentes antimotines que habrían actuado en forma coordinada con grupos violentos irregulares. Estudiantes, familiares, personas que colaboraban y periodistas habrían sido agredidos, por lo que decidieron refugiarse en el interior de la Catedral. De acuerdo a decenas de relatos, un número de aproximadamente 600 personas ingresaron a este recinto donde permanecieron toda la noche rodeados, en donde encontraron la protección de sacerdotes de la Iglesia Católica.

Por otra parte, se tiene información de que en algunos casos los manifestantes hicieron uso de morteros caseros con pólvora, piedras y hondas. El gobierno afirma que existen grupos vandálicos y criminales que operan en el marco de las protestas y tomas de universidades, y que han ocasionado daños a bienes públicos y privados. En la ciudad de León los estudios de Radio Darío, que transmitía las protestas fueron incendiados por completo y dos de los atacantes perdieron la vida al tomar fuego el combustible que transportaban. En la misma ciudad también fue incendiado el Centro Universitario (CUUN), en los hechos perdió la vida una persona.

También se recibió información sobre ataques de terceros armados a parroquias de la iglesia católica, como por ejemplo las parroquias de Matiguás y Sébaco.

La CIDH también documentó un patrón de detenciones masivas y arbitrarias ocurridas especialmente durante los primeros días de las protestas, en perjuicio de estudiantes, trabajadores y jóvenes que se encontraban en la zona de los incidentes. Según datos aportados por el Estado, 438 personas fueron aprehendidas mediante el uso de la fuerza y llevadas a unidades de policía, como El Chipote, de las cuales 209 fueron trasladadas a la Cárcel Modelo de Tipitapa, tras dos días de incomunicación y los restantes puestos en libertad. En muchos de los casos, los detenidos habrían objeto de distintas formas de tratos crueles, inhumanos y degradantes durante su detención. Dentro de las denuncias recibidas destacan aquellas de víctimas que alegan haber sido objeto de golpes, insultos o bien no recibir alimentos y escasa provisión de agua. Las personas que se acercaron a la CIDH también presentaron quejas respecto al trato en el centro La Modelo, por haber sido rasurados, esposados con rigor y sometidos a golpes y llaves asfixiantes. En algunos de los casos, denunciaron haber perdido todas sus pertenencias, incluidos los teléfonos celulares que quedaron en manos de los agentes estatales.

Durante tres días de detención no fueron puestos a disposición de un juez, ni se comunicaron con los familiares.

Cuerpos de seguridad del Estado y grupos de choque

De acuerdo con centenares de testimonios, la represión estuvo a cargo de la Policía Nacional, sus fuerzas antimotines y grupos parapoliciales, que actuarían con el apoyo de agentes estatales. Según numerosos relatos, estos grupos armados serían convocados para tareas de amedrentamiento, vigilancia y actos violentos contra los manifestantes. Por otro lado, la CIDH observa que el Ejército anunció que no participaría en el control de la protesta social y que realizaría la protección y seguridad a las entidades e infraestructuras vitales para el funcionamiento del país.

En este contexto, la CIDH recuerda que el Estado tiene la obligación de no permitir la existencia de estructuras represivas, investigar los hechos en los que han participado, identificar y sancionar a los responsables que articulan su funcionamiento desde las estructuras desde el Estado y recuperar el uso legítimo y proporcional de la fuerza, en el marco del Estado de Derecho.

Uso desproporcionado de la fuerza

Respecto de las fuerzas estatales, la Comisión recibió decenas de testimonios sobre la falta de una actuación neutral de la Policía Nacional en estos sucesos.

La CIDH observa el alto grado de represión concentrado por agentes antimotines contra las manifestaciones de estudiantes ubicadas en las universidades, entre ellas, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), la Universidad Nacional Agraria (UNA), la Universidad Centroamericana y la Universidad Politécnica (UPOLI). Por ejemplo, en ataques a la UPOLI llevados a cabo el 10 y 16 de mayo, la CIDH fue informada que la Policía Nacional habría utilizado balas de goma y armas de fuego, mientras que en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, los líderes estudiantiles denunciaron que ataques contra los estudiantes por parte de tropas antimotines de la Policía y que grupos parapoliciales mantenían sitiada la sede de dicha universidad. Durante la visita la CIDH observó directamente los resultados de un ataque a los estudiantes de la UNA.

La CIDH visitó distintos hospitales en Managua, León y Matagalpa, así como el Instituto de Medicina Legal; asimismo entrevistó a varios médicos voluntarios quienes informaron acerca de un patrón de heridos por armas de fuego la mayoría de los cuales presentaron impactos de bala específicamente en la cabeza, los ojos, el cuello y el tórax. La CIDH recibió información acerca de personas gravemente heridas por la espalda con armas de fuego.

Los órganos del Sistema Interamericano han reiterado que el uso de la fuerza debe ajustase a los principios de excepcionalidad, legalidad, necesidad y proporcionalidad. Asimismo, las obligaciones de respetar, proteger y facilitar el derecho de reunión y participación en manifestaciones públicas y protestas, incluyen la prevención de acciones que puedan dañar la integridad física de las personas.

La documentación y los testimonios recogidos también permiten concluir que la Policía Nacional y la fuerza antimotines utilizaron armas de fuego, pistolas de balas de goma y gases lacrimógeno en forma indiscriminada para disolver protestas y manifestaciones, sin hacer uso de protocolos para regular el uso proporcional de la fuerza, aunque la policía tendría formación en el uso de los mismos. Varios testimonios hablan del uso de francotiradores en lugares como el Estadio Nacional y en Matagalpa. Estos graves hechos indican la posibilidad de que se habrían registrado ejecuciones extrajudiciales.

La CIDH considera que la fuerza potencialmente letal no puede ser utilizada meramente para mantener o restituir el orden público. Sólo la protección de la vida y la integridad física ante amenazas inminentes puede ser un objetivo legítimo para usar dicha fuerza. Nicaragua debe implementar en forma inmediata mecanismos para prohibir de manera efectiva el uso de la fuerza letal como recurso en las manifestaciones públicas. La Comisión ha considerado que la prohibición de portar armas de fuego y munición de plomo por parte de funcionarios que pudieran entrar en contacto con manifestantes se ha probado como la mejor medida de prevención de la violencia letal y la ocurrencia de muertes en contextos de protestas sociales. La CIDH reitera que las armas de fuego y las respectivas municiones deben estar excluidas en los operativos de control de las protestas sociales y de todo funcionario policial que pudiera entrar en contacto con la manifestación.

Acceso a la Justicia

Existe un reclamo de víctimas, familiares y la sociedad civil respecto a la falta de una intervención oportuna, independiente y no revictimizante del Ministerio Público para esclarecer los graves hechos de violencia registrados. Por otro lado, algunos de las investigaciones adelantadas, como la referida al asesinato del periodista Ángel Gahona en el que se consignaron a dos presuntos autores materiales, han sido cuestionados por los familiares de las víctimas. En tanto, tres madres se presentaron ante la CIDH para denunciar que sus hijos habrían sido consignados por el asesinato de una persona durante un saqueo, sin pruebas suficientes y que habrían sido víctimas de tratos crueles.

La Comisión reconoce que recibió documentación sobre los asesinatos y heridos atendidos en hospitales y en el Instituto de Medicina Legal. Sin embargo, observó casos en donde el registro careció de estándares forenses que permitan esclarecer los hechos de violencia de manera completa y eficaz.

En el ámbito del Ministerio Público, el Instituto de Medicina Legal y en hospitales públicos, la CIDH identificó como patrón que no se documentaron fehacientemente las circunstancias en las que se produjeron las causas de las muertes y lesiones producidas a manifestantes. La CIDH recibió denuncias de que en más de una decena de casos los hospitales públicos que recibieron personas muertas en estos contextos no realizaron autopsias, tampoco los cuerpos fueron derivadas al Instituto de Medicina Legal una vez constatada la muerte para que se practicara la debida autopsia. De acuerdo a los documentos a los que accedió la Comisión, en algunos casos se le requirió a los familiares firmar un texto en el que solicitaban la entrega del cuerpo sin realizar estas diligencias indispensables para alcanzar justicia. La Comisión nota que el Estado tiene la obligación de realizar los estudios y autopsias necesarios para la investigación completa de estos hechos de violencia que además pueden suponer graves violaciones a los derechos humanos.

Preocupa a la Comisión, que decenas de víctimas, familiares y representantes expresaran profunda desconfianza en las instituciones encargadas de llevar a cabo la rendición de cuentas judicial por estos crímenes. Así como hay dudas sobre la eficacia acerca de la recientemente creada Comisión de la Verdad debido a la falta de participación de la sociedad civil y los familiares de las víctimas en creación y designación de sus miembros.

Protección de defensoras y defensores de derechos humanos

La CIDH constata qué hay un ambiente de intimidación en contra de estudiantes, manifestantes, periodistas y ciudadanos que manifiestan su rechazo al gobierno y a la actuación represiva de agentes del Estado. De acuerdo a la información recibida en el marco de la visita, la CIDH recibió denuncias de amenazas, incluidas de amenazas de muerte, por parte de agentes estatales y de tercero en contra de manifestantes, jóvenes, familiares de víctimas, testigos, religiosos y grupos opositores al gobierno; vigilancia a través de patrullajes policiales y motorizados particulares, así como hostigamiento en redes sociales. La Comisión además recibió múltiples testimonios sobre funcionarios estatales de diferentes instituciones que habrían sido forzados a participar en actos a favor del gobierno bajo amenaza de ser despedidos.

Los testimonio recibidos hacen concluir a la Comisión que estudiantes, personas defensoras de derechos humanos, familiares de las víctimas y testigos de violaciones a derechos humanos se encuentran en una situación de grave riesgo. La especial vulnerabilidad de estos grupos exige la adopción de una política integral de protección reforzada por parte del Estado.

La CIDH reitera que los actos de violencia y otros ataques contra las personas defensoras, no solo afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que atentan contra el papel fundamental de la sociedad. La Comisión recuerda al Estado de Nicaragua, que debe garantizar en todas las circunstancias que defensoras y defensores de derechos humanos puedan llevar a cabo sus legítimas actividades de defensa de los derechos humanos, libres de cualquier restricción y sin temor a sufrir represalias. El Estado debe diseñar e implementar una política de protección integral para defensores de derechos humanos, que atienda los factores de riesgo específicos del país.

Durante la visita de trabajo la CIDH adoptó un primer conjunto de resoluciones de medidas cautelares para proteger la vida e integridad personal de estudiantes, así como de personas que se encontrarían en una situación de riesgo a sufrir represalias como resultado de los actos de violencia ejercidos en contra de sus familiares en el contexto de la represión de protestas sociales, o bien, en su calidad de sobrevivientes, testigos o personas que como defensoras de derechos humanos ejercen labores de asistencia o documentación de violaciones a derechos humanos. Mediante tales medidas la Comisión solicitó al Estado de Nicaragua lo siguiente: a) adopte las medidas necesarias para salvaguardar la vida e integridad personal de las personas beneficiarias. A tales efectos el Estado debe tanto asegurar que sus agentes respeten la vida a integridad personal de los propuestos beneficiarios de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos, como proteger sus derechos en relación con actos de riesgo que sean atribuibles a terceros; b) concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y sus representantes; y c) informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar.

La Comisión requerirá información periódicamente al Estado de Nicaragua a efectos de supervisar la implementación de tales medidas. Asimismo, la Comisión continuará analizando las solicitudes de medidas cautelares recibidas durante la visita.

Atención médica y derecho a la salud de personas heridas y lesionadas

La CIDH identificó numerosos casos en los que las personas no acudieron a los centros asistenciales por temor a sufrir represalias, y obtuvieron la asistencia en hospitales privados, improvisados centros de salud o a través de médicos voluntarios y estudiantes de medicina, entre otros. La Cruz Roja nicaragüense indicó que habrían realizado alrededor de 553 atenciones hospitalarias, de las cuales 235 requirieron el traslado a un centro médico. La mayoría de las lesiones reportadas se relacionaban con traumatismos, quemaduras, fricciones o heridas por estallidos. También se atendió a un gran número de personas afectadas por gases lacrimógenos, así como por balas de distinto tipo y calibre, objetos contundentes y golpes.

Además, se denunció que en el marco de las protestas el número telefónico destinado para emergencias no habría funcionado correctamente. La organización advirtió que la comunicación se interrumpió de forma constante y que se había obstaculizado la labor de los voluntarios y personal médico que atendían a los heridos. Un grupo de bomberos denunció a la CIDH que se les habría impedido sacar a la calle las ambulancias oficiales. No obstante se permitió el trabajo a los bomberos con carácter de voluntario, aunque estos denunciaron no haber contado con la debida protección para asistir a los heridos.

La CIDH también tuvo conocimiento que la Asociación Médica Nicaragüense condenó, a través de un comunicado que varios hospitales de Nicaragua habrían negado atención médica de urgencia a los heridos en las manifestaciones iniciadas el 18 de abril pasado. Según denuncias allegadas durante las visitas, habrían existido órdenes administrativas en los hospitales públicos para restringir el acceso de la atención a heridos y obstaculizar el acceso a la información. En particular se recibió denuncias respecto del hospital Cruz Azul, perteneciente al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, y en los hospitales Roberto Calderón, Antonio Lenin Fonseca, Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello y Alemán Nicaragüense, todos pertenecientes el Ministerio de Salud.

No obstante lo anterior, la CIDH constató que en algunos hospitales públicos fueron atendidos heridos y se recibieron personas en estado de gravedad. Asimismo, recibió información de que en algunos casos, tras ser intervenidos, fueron dados de alta con premura y algunos pacientes debieron regresar ante la delicada situación. En ese sentido, la Comisión quiere llamar la atención sobre la delicada situación de salud de René Martín Torres Monterio y Jaime José Reyes Teyes, internados en el hospital Antonio Lenin Fonseca; Néstor Sotelo Ortega y Edy Javier Hernández, internados en el Hospital Alemán-Nicaragüense; David Lizano Altamirano, internado en el Hospital Manolo Morales Peralta; y Wilner Josue Rivas, internado en la clínica de salud Santa Fe de Matagalpa.

De conformidad con el derecho a la salud, los Estados tienen la obligación inderogable de asegurar el derecho de acceso a las instalaciones, bienes y servicios de salud. Cuando las personas no puedan hacer valer ese derecho por sí mismas, como podría ser el caso de los heridos y enfermos, los Estados deben adoptar las medidas necesarias para facilitar ese acceso, el cual puede incluir la búsqueda y recogida de dichas personas, así como su atención inmediata. Esto incluye la obligación de los Estados de adoptar medidas positivas para asegurar la atención de salud, especialmente en circunstancias de grave peligro para la vida. Asimismo, los Estados no deben impedir que el personal sanitario imparta tratamientos médicos a las personas que lo necesitan en el marco de estas situaciones.

Recomendaciones

A la luz de las anteriores observaciones preliminares de la CIDH, en ejercicio de su mandato de monitoreo de la situación de los derechos humanos en el hemisferio, insta al Estado de Nicaragua a implementar las siguientes 15 recomendaciones iniciales:

Cesar de inmediato la represión a los manifestantes y la detención arbitraria de quienes participan de las protestas. Respetar y garantizar el goce pleno del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población.

Crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia ocurridos, con garantías de autonomía e independencia para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables.

Garantizar la vida, integridad y seguridad de todas las personas que están manifestando y ejerciendo sus derechos y libertades públicas y sufriendo las consecuencias del ambiente de represión, en especial a los estudiantes, niñas, niños y adolescentes.

Ofrecer garantías efectivas para proteger a las personas que dieron testimonio a la CIDH o que de alguna manera participaron en sus actividades en el país; y abstenerse de tomar o de permitir que se tomen represalias en contra de ellas.

Adoptar medidas para investigar diligentemente, juzgar y sancionar a los responsables de todos los actos de violencia cometidos durante las protestas. Asimismo, respetar las garantías del debido proceso de las personas que permanecen detenidas por hechos relacionados con las protestas.

Asegurar que los operativos de seguridad respecto a protestas y manifestaciones se ejecuten según los protocolos de actuación acordes con los estándares internacionales relativos al uso de la fuerza por agentes encargados de hacer cumplir la ley.

Desmantelar los grupos parapoliciales y adoptar medidas para impedir que sigan operando grupos de terceros armados que atacan y hostiguen a la población civil.

Garantizar el respeto de la independencia de los medios de comunicación y abstenerse de aplicar la censura previa por parte de cualquier órgano estatal, así como cualquier condicionamiento previo que pueda implicar censura a la libertad de expresión.

Exhortar a las autoridades estatales a abstenerse de hacer declaraciones públicas que estigmaticen a manifestantes, defensores de derechos humanos, periodistas o a utilizar los medios estatales para hacer campañas públicas que puedan incentivar la violencia contra las personas por razón de sus opiniones. Así como a proteger en forma efectiva a defensores y periodistas que se encuentren en situación de riesgo.

Sistematizar la información de las personas atendidas en los hospitales públicos y privados como consecuencia de las protestas sociales. El registro debe ser específico, indicando fecha de ingreso, causa de las lesiones, tratamiento proporcionado y en su caso motivos de muerte, dicha información debe ser pública y desagregada como mínimo por edad y sexo. Deben investigarse las denuncias de obstaculización para la atención de salud en los hospitales, así como respecto de la labor humanitaria de la Cruz Roja y los bomberos.

Ratificar todos los instrumentos internacionales de derechos humanos aún pendientes de ratificación, en particular la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

Mantener la apertura al escrutinio internacional y, en ese sentido, facilitar la visita de todos aquellos mecanismos de protección de derechos humanos del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas, así como de otros actores relevantes de la comunidad internacional.

Comprometerse a un mecanismo de seguimiento junto a la CIDH para verificar la implementación de las recomendaciones emitidas en el marco de la presente visita, y del informe de la misma.

Programar junto a la CIDH un calendario concreto de nuevas visitas.

Teniendo en cuenta el doloroso pasado que afectó a la sociedad nicaragüense y el compromiso histórico con su no repetición, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos confía en la construcción de una solución pacífica, democrática y constitucional para la grave crisis política que vive el país; y toma nota de la instalación de la Mesa Nacional de Diálogo. La condición imprescindible para cualquier solución pasa por el compromiso con la verdad, garantías para las investigaciones y justicia efectiva, así como la debida reparación para todas las víctimas y sus familiares.

Finalmente, la Comisión agradece al Estado de Nicaragua la invitación a realizar esta visita, así mismo al apoyo de la sociedad civil para concretarla. La Comisión agradece toda la información suministrada por las autoridades estatales y las facilidades logísticas brindadas.

La Comisión quiere registrar un muy especial agradecimiento a centenas de víctimas, testigos, familiares, colectivos y organización que rindieron sus testimonios, denuncias, informaciones detalladas sobre los hechos en un ambiente complejo que exigió de su parte actos de coraje y compromiso con la justicia.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reitera una vez más su compromiso de dar cumplimiento integral a su mandato de protección a las víctimas y sus familiares; así como de observar la situación de los derechos humanos en las Américas.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.



(*) La delegación a cargo de la visita estuvo liderada por la Comisionada Antonia Urrejola, Relatora de la CIDH para Nicaragua, quien estuvo apoyada por el Comisionado Joel Hernández, Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad; y el Comisionado Francisco Eguiguren, Relator sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos. Además, fue asistida por Paulo Abrão, Secretario Ejecutivo; María Claudia Pulido, Secretaria Ejecutiva Adjunta para el Monitoreo, Promoción y Cooperación Técnica en Derechos Humanos; los Relatores Especiales para Libertad de Expresión, Edison Lanza, y para DESCA, Soledad García Muñoz, y por los especialistas de la Secretaría Ejecutiva.



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miércoles, 16 de mayo de 2018

A propósito de un reportaje sobre la piña costarricense difundido por la DW (Alemania)



A propósito de un reportaje sobre la piña costarricense difundido por la DW (Alemania)

Hace unas semanas, una cadena de televisión alemana presentó un reportaje sobre la piña costarricense denominada "Sweet Gold" o MD-2 (también conocida como ”Dorada” o “Golden”), que se importa y consume en grandes cantidades en Alemania. El reportaje se encuentra disponible en este enlace en You Tube y se titula "Costa Rica: el precio de la piña | DW Documental").

Como bien es sabido, el consumidor alemán se muestra cada vez más sensible a formas de producción sostenibles y respetuosas del ambiente de los productos que ingiere, y ha desarrollado una actitud un poco más crítica que los demás consumidores europeos.

La variedad de la MD-2 o "Sweet Gold" que se consume en Alemania y en el resto de Europa se ha impuesto en el mercado mundial a partir de mediados de los años 2000, sustituyendo a otras variedades de piña, como la "Hawaiana" o la "Cayena". En Costa Rica la "piña criolla", con una pulpa clara y muy ácida - cuyo recuerdo persiste en la memoria gustativa de muchos - ha prácticamente desaparecido de anaqueles y góndolas, ocupados por la "Sweet Gold". Nótese que gran parte del mercado local es abastecido por piñas que, por alguna razón, no califican para ser exportadas fuera de Costa Rica.

El contenido del documental en breve

En menos de 26 minutos, el reportaje presenta una imagen pocamente divulgada sobre lo que se denomina en algunos sectores económicos como el "dulce orgullo" costarricense, en referencia precisamente al sabor extremadamente dulce de la "Sweet Gold" o MD-2.

Denuncias de activistas pocamente atendidas por las autoridades, contaminación de suelos y de aguas de años que se mantienen sin sancionar a las empresas responsables, explotación laboral que se desprende de varios valientes testimonios de operarios en fincas piñeras, efectos negativos del cultivo en la ganaderia circundante (proliferación de la mosca de establo), y opciones alternativas a la piña convencional pocamente apoyadas por las autoridades constituyen el menú del reportaje.

Este último es completado de forma muy interesante con muestras analizadas en un laboratorio alemán independiente (a partir del minuto 22:36): entre varios hallazgos, el técnico de laboratorio recomienda tener extrema precaución a la hora de manipular la fruta en una cocina, al contener sus hojas sustancias químicas sumamente dañinas para la salud humana que se desprenden (y que no impregnan la pulpa ni la cáscara de la fruta exportada a Alemania).

¿Análisis de laboratorio que puedan dar pie para una controversia? No sería la primera vez que sector productivo y autoridades estatales no detectan lo que sí detectan laboratorios independientes cuando de piña costarricense se trata: se leyó en un informe del Estado de la Nación que: “En mayo del 2014 el Laboratorio Nacional de Aguas del AyA recomendó suspender el abastecimiento por camiones cisternas, ya que desde el 2012 los laboratorios privados contratados no han encontrado residuos de plaguicidas en las fuentes de agua para consumo humano en las comunidades involucradas. Sin embargo estudios efectuados por el Laboratorio de Análisis de Residuos de Plaguicidas (Larep) del IRET-UNA, en marzo del 2014, detectaron concentraciones de 2,8 Mg/L de bromacil, 0,1Mg/L de triadimefón y otros plaguicidas” (XX Informe del Estado de la Nación (2014), p. 192).

Foto extraída de nota de prensa del Tico Times (2017) titulada "Environmentalists demand halt to pineapple expansion"

A partir del minuto 15:09 del reportaje de la DW, se documenta cómo el sector productivo (Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña o CANAPEP) es solicitado para una entrevista, la cual al final no se logró materializar con el equipo de periodistas alemanes.

Un ministro extremadamente hacendoso

Extremadamente llamativo resulta lo que se observa a partir del minuto 16:10, en el que los periodistas reproducen un documento suscrito por el máximo funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) enviado en agosto del 2017 solicitando a la Embajada de Costa Rica en Alemania proceder a "arreglos" (sic.) antes de la difusión de dicho documental en Alemania. Se desconoce si este tipo de misivas constituye (o no) una "première" por parte de un titular a cargo de la cartera de agricultura y ganadería en Costa Rica.

Más allá de lo hacendoso que puede resultar a veces un jerarca, es de destacar en contraposición la omisión del Estado costarricense con relación a aspectos y efectos relacionados a la piña desde varios años: una ponencia preparada por tres investigadores para el Estado de la Nación del 2016, titulada precisamente "La expansión por omisión: territorios piñeros en los cantones Los Chiles, Upala y Guatuso, Costa Rica (2004-2015)" (véase texto completo) explica el beneficio que algunos sacan ante esta actitud omisa por parte de varios entes estatales.

En este artículo publicado en la Revista Vacio en el 2017 y titulado "Las múltiples realidades de la piña", la politóloga Alexa Obando Campos precisa que: "... se nota una gran debilidad de gestión pública en instituciones fundamentales como la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), el Tribunal Ambiental Administrativo a escala nacional y las Municipalidades a nivel local. Aquí se comprueba la poca capacidad de control previo, nulas interrelaciones entre escalas para dar un seguimiento necesario a las tareas que les competen, falta de información y de coordinación para que exista una correspondencia entre iniciativas, políticas o acciones concretas".

Un documental crítico antecedido por varios cuestionamientos previos

No es la primera vez que la piña costarricense es cuestionada en el ámbito internacional, tal y como lo veremos a continuación.

En el 2009, desde la perspectiva de los derechos humanos, la relatora especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, Agua y Saneamiento, Catarina Albuquerque, visitó Costa Rica (véase texto de su informe). En el informe que presentó en Naciones Unidas - y pocamente divulgado en Costa Rica - indicó que: "71. La Experta independiente desea expresar su preocupación respecto del empleo de Bromacil, Diurón y otros plaguicidas en las explotaciones agrícolas, en especial en las plantaciones de piña tropical, habida cuenta de que esos productos han sido relacionados con diversas formas de cáncer en caso de ser consumidos en grandes cantidades durante un período prolongado " (p. 22, punto 71)".

Figura sobre valores de Bromacil en el agua destinada al consumo humano en Milano de Siquirres, extraída de esta nota titulada “Piña y sistemas hídricos: relación delicada. Especialistas analizan fenómenos ambientales, sociales y económicos del cultivo” (sitio oficial de la UCR, 2013)

En octubre del 2010, un artículo publicado en The Guardian titulado "Bitter fruit: The truth about supermarket pineapple" ya advertía al consumidor británico sobre algunos aspectos pasados por alto por las autoridades y por el sector productivo costarricense, desde la perspectiva laboral esta vez. Un documental fue también realizado en el 2010 por Consumers International titulado "Piñas: el precio oculto de la fruta tropical" (véase documental disponible en este enlace) sobre aspectos ambientales de la piña costarricense.

En el 2015, cansadas de promesas incumplidas desde el 2007, las comunidades del Cairo y Milano (región de Siquirres) cuyas aguas fueron contaminadas por empresas piñeras, lograron que la piña costarricense fuera objeto de una audiencia ante la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos / Com IDH (remitimos a nuestros estimables lectores a nuestra nota titulada "La piña de Costa Rica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", editada por el OPALC el 7/04/2015).

Con relación a los empleos generados por la actividad piñera en Costa Rica (presentados por el sector productivo y por las autoridades costarricenses como una justificación incuestionable para expandir la producción) en el 2016, la ONG Oxfam implementó una campaña en Europa contra la comercialización de la piña de Costa Rica por los supermercados alemanes con base en un informe que detalla las condiciones inhumanas que prevalecen ("inhumane conditions which prevail") en las plantaciones de piña (véase informe en inglés titulado "Sweet fruit, bitter truth"). No se tiene conocimiento de drásticas medidas legales de control / prevención tomadas desde el 2016 para erradicar las prácticas laborales denunciadas por los integrantes de Oxfam en fincas piñeras.

En este artículo del 2015 de la autora Laura Flores titulado "Piña dorada: una pesadilla a cuatro voces", publicado en la Revista Paquidermo en Costa Rica se indica el tipo de empleo que se observa en muchas piñeras de Costa Rica: "Don Gerardo nos explica que más del 90% de los trabajadores que contratan las piñeras son nicaragüenses. Se los traen en camiones de ganado todos los días y les pagan 5 mil colones la jornada. Comen tres veces al día y las tres veces comen exactamente lo mismo: arroz y yuca. Nada de carne, nada de frijoles y nada de garantías sociales".

Volviendo a la esfera de Naciones Unidas, esta vez con relación al supuesto "desarrollo" que aporta la piña a las comunidades, al medirlo recurriendo a indicadores internacionales validados por Naciones Unidas, los cantones piñeros de Costa Rica aparecen entre los cantones con el menor Indice de Desarrollo Humano (más conocido como IDH).

Problemas detectados ante un parco aparato estatal

Es de notar que durante su segunda estadía en Costa Rica en el 2016, se pudo leer por parte de los investigadores de Oxfam su asombro al ver la ausencia de cambios en Costa Rica para remediar los problemas que provoca la piña detectados ocho años antes: "Nos impresiona mucho ver que desde la primera investigación que hicimos hace ocho años, casi no han cambiado las cosas. Igualmente, en marzo vinimos a hacer una segunda indagación y todo sigue igual: problemas de salud como cáncer y enfermedades de la piel, contaminación de acuíferos y faltas a las garantías laborales de las personas que trabajan en estas fincas" (véase artículo de DiarioExtra titulado "Alemanes denuncian malas prácticas en piñeras ticas. Advierten a consumidores sobre hallazgos" del 25/10/2016).

El drama humano vivido por más de 6000 personas en el Cairo y Milano de Siquirres desde julio del 2007 debido a la contaminación de los acuíferos pareciera ahora replicarse en la zona de Veracruz de Pital de San Carlos (véase nota sobra contaminación de aguas subterráneas de Elpais.cr del 2016 y nota del Semanario Universidad de enero del 2018 titulada "Asada de zona Norte denuncia contaminación con bromacil. Herbicida presente en todas las fuentes de agua en Veracruz de Pital").

Es muy posible que muchas otras comunidades aledañas a plantaciones de piña estén consumiendo agua declarada potable cargada de sustancias químicas: los estudios fisicos químicos no se realizan con la regularidad con la que se efectúan los estudios bacteriológicos por parte de las autoridades a cargo de confirmar la potablidad del agua.

En un artículo de opinión de setiembre del 2017 titulado "El costo del sacrificio ambiental. Piña vs agua", publicado en DiarioExtra (véase texto completo), se pudo leer que el Dr. Allan Astorga, geólogo, lleva seis años esperando respuesta a una pregunta hecha públicamente a las autoridades: " En el 2011 tuvimos la oportunidad de plantear al siempre Director de Aguas del MINAE las siguientes preguntas, sin respuestas a la fecha: “¿Podría tal vez don José Miguel explicarnos, por ejemplo, qué ha hecho su Ministerio, para, en coordinación con el MAG y el Senara, evitar que se repita el desastre ocurrido con los acuíferos en el Cairo y Milano de Siquirres debido a la contaminación de plaguicidas por las plantaciones de piña alertada desde el 2005 por la UNA y confirmada en julio del 2007 por el Ministerio de Salud? ¿Dónde consta algún protocolo MAG/Minae/AyA/Senara al respecto para evitar, a modo preventivo, que se repita esta tragedia en otras partes del país?

Siendo el silencio una sútil manera de comunicar a veces, se podría inferir - pero no estamos seguros de ello - que poco (¿nada? ...¿algo?) se ha hecho por parte de los entes a cargo de las aguas subterráneas para protegerlas de las sustancias químicas requeridas para producir la "Sweet Gold", en coordinación con las autoridades ambientales. Ante la duda, el señor José Miguel Zeledón, Director de Aguas del MINAE, tiene (aún ...) la palabra.

El auge de la piña costarricense en el mercado mundial

Según un informe de la UNCTAD del 2014, Costa Rica lidera la exportación de piña a nivel mundial con 2.126.929 toneladas métricas exportadas, seguida en América Latina por Panamá con tan solo 67.038 toneladas y Ecuador con 57.380 (véase gráfico Table 3 ubicado en la página 13): hemos revisado detenidamente esta tabla para detectar algún error de dígitos. Al parecer, Costa Rica es el único Estado en el mundo cuyas autoridades se muestran dispuestas a favorecer y a expandir el cultivo de la piña de exportación en esas proporciones.

En un reciente reportaje se indicó que en los últimos 4 años, las exportaciones de piña en Costa Rica aumentaron en un 19% (véase nota de La Nación).

Foto extraida de artículo de prensa de la agencia EFE de noticias, titulado "Costa Rica revisará permisos otorgados en el último año para siembra de piña" publicado por Elpais.cr (edición del 17/05/2017)

Nótese que durante la última contienda electoral vivida por Costa Rica en los primeros meses del 2018, el tema ambiental no pareció ser tema de campaña. Precisamente en un artículo publicado en Pagina Abierta (DiarioExtra) y en el sitio de Hablando Claro (Radio Columbia) el 24/10/2017, titulado “Candidatos y ambiente: ¿Cuándo se va a hablar en serio?“, su autor, el Dr. Allan Astorga, ex Secretario General de la SETENA y connotado especialista en evaluación ambiental escribe con relación a la piña (véase texto completo del artículo):

El censo agropecuario del 2015 del MAG indicando la existencia de 37.200 hectáreas de piña debe contraponerse a un estudio reciente con fotos satelitales en las que ascienden a más de 58.000: una diferencia que hace ver el poco control y fiscalización del Estado, y el alcance de un monocultivo implantado con fuerza a partir del 2007 y que debe ser considerado como una verdadera vergüenza social y ambiental“.

La piña MD-2 de Costa Rica, ¿"vergüenza nacional" o bien "orgullo nacional"?

No cabe duda que el tema de la piña en Costa Rica requiere de una discusión nacional que se ha pospuesto desde hace mucho tiempo por parte de las autoridades. El aumento exponencial de este monocultivo en tan pocos años constituye un hecho notorio pocamente analizado. La ausencia de sanciones a empresas responsables de contaminar aguas y suelos es otro dato que llama poderosamente la atención.

Desde el 2007, Costa Rica lidera el mercado mundial de la piña fresca de exportación, importando grandes cantidades de sustancias químicas, varias de ellas prohibidas por la misma Unión Europea (UE), como por ejemplo el Paraquat - prohibido en la UE desde el 2007. Estos y otros argumentos han sido objeto de numerosas publicaciones y artículos de opinión en medios de prensa. Un artículo de El Financiero del 2009 ya advertía del carácter insensato del crecimiento de la piña (véase artículo titulado "Insensatez piñera. Miopía empresarial y estatal abonaron graves secuelas").

¿Cómo explicar tan vertiginoso aumento pese a la existencia de normativa ambiental como la vigente en el ordenamiento jurídico costarricense? La respuesta está en la SETENA (Secretaría Técnica Nacional del Ambiente), en la que se originan la mayor parte de los grandes escándalos en materia ambiental en Costa Rica, en particular los "orquestados" durante el périodo 2006-2010. Fue precisamente en el año 2009 que la SETENA optó por eximir a las piñeras de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). En setiembre del 2011, se leyó en un artículo publicado en La Nación titulado "La cuestionable sostenibilidad ambiental de la piña" y escrito por el mismo Dr. Allan Astorga que: "La sustitución operada en la resolución 2286 – 2009 Setena del 25 de setiembre del 2009 del EDA por el EIA (por una Setena intervenida, como bien se sabe, por el Ministerio de la Competitividad) contradice nuestro ordenamiento jurídico y los principios de prevención que incluye nuestra normativa. Tratándose de un estudio "expost" no se entra a valorar elementos esenciales, como por ejemplo si el sitio seleccionado para el cultivo era el apropiado, ni tampoco puede valorar si al momento de desarrollar del cultivo se afectaron biotopos sensibles que no debieron haberse afectado". Nótese que ninguna de las aseveraciones hechas en este artículo fueron objeto de alguna solicitud de rectificación y/o aclaración por parte de alguna autoridad estatal.

Con relación a las denuncias por daño ambiental, es de destacar la inoperancia total de una instancia como el Tribunal Administrativo Ambiental (TAA), cuyo presupuesto fue revisado a la baja en las administraciones 2006-2010 y 2010-2014. Bien lo evidencia la situación de unos 44 expedientes "piñeros" en el TAA revelada en este artículo del 2016 del Semanario Universidad, titulado precisamente "Casos contra piñeras se añejan atorados en Tribunal Ambiental . El caso activo más antiguo data del 2001. Tribunal maneja 3.600 casos con solo siete abogados y sin sistemas de cómputo que integren expedientes". Un hecho insólito registrado en el 2012 (presiones recibidas desde Casa Presidencial por los jueces del TAA para suspender el cierre de piñeras en la Zona Norte) arroja algunas luces sobre la peculiar lectura hecha por parte de la administración de la Presidente Laura Chinchilla (véase nota de Elpais.cr reproducida por Kioscos Ambientales de la UCR, en la que se lee que: " ... dos jueces abandonaron una gira por la Región Huetar Norte, y fueron llamados de urgencia por altos funcionarios de Casa Presidencial y del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet)").

La extraña sensación de inercia compartida por muchos con relación a la administración 2014-2018 en materia ambiental se verificó con relación al tema de la piña. Un compromiso de campaña de Luis Guillermo Solis de establecer una moratoria para nuevas plantaciones de piña fue (al igual que muchos otros compromisos), engavetado. En octubre del 2017, ni el sector productivo ni tampoco las autoridades accedieron a un foro al que fueron invitados a debatir públicamente, convocado por la Universidad de Costa Rica / UCR (remitimos al lector a nuestra breve nota titulada "A propósito de un reciente foro sobre la expansión piñera en Costa Rica" publicada en Elpais.cr el 29/10/2017).

A modo de conclusión

Por alguna razón, este documental difundido en Alemania y en el resto del mundo a través de la plataforma de DW ha sido objeto de muy escasas referencias en la prensa costarricense. Encontramos una de ellas en la parte final de esta nota del medio digital del comunicador Diego Delfino del 4/4/2018 (véase enlace) y en la parte final de esta nota del Semanario Universidad (UCR) sobre posible fraude con piña orgánica (véase nota del 16/05/2018).

Una de las pocas notas periodísticas publicadas en la prensa costarricense sobre el documental alemán como tal (véase nota de AMPrensa del 6/05/2018) se titula: "Reportaje europeo deja por el suelo imagen de Costa Rica por cultivo de piña".

Además de la imagen de Costa Rica en el exterior seriamente cuestionada en este reportaje, la piña pone en entredicho los esfuerzos oficiales de Costa Rica en materia de cambio climático: precisamente, de cara a los efectos del cambio climático, un reciente artículo de Ojo al Clima, advierte desde su mismo título que "Cultivo de piña quiebra los escudos contra cambio climático".





Artículos, tesis e investigaciones sobre algunos problemas ocasionados por la piña en Costa Rica (breve selección):



ACOSTA PEREIRA E. (2008), "La producción piñera en Costa Rica: un análisis integral de sus implicaciones en el Cantón de Guácimo, Limón", Tesis de Licenciatura en Ciencas Agrícolas, Univeridad EARTH (2008), 117 páginas. Texto integral disponible en este enlace.

DIEPENS N.J. et alii (2013), "Effect of pesticides used in banana and pineapple plantations on aquatic ecosystems in Costa Rica", Journal of Environmental Biology, 2013. Texto completo disponible en este enlace.

ECHEVERRIA SÁENZ S. et alii (2012), "Environmental hazards of pesticides from pineapple crop production in the Río Jiménez watershed (Caribbean Coast, Costa Rica)", Revista Science of the Total Environment (2012). Artículo disponible en este enlace.

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ E.(2013), "L’accaparement des terres au Costa Rica : le cas des entreprises productrices d’ananas", Revista HAL - Francia - (2013). Texto disponible en este enlace.

GARCIA CAMPOS N.(2013), "La contaminación del agua superficial y de consumo humano por los plaguicidas utilizados en las plantaciones de piña de la cuenca media alta y alta del Río Frío en el Cantón de Guatuso de Alajuela y sus efectos en la salud", Tesis, Licenciatura en Salud Ambiental, Facultad de Medicina, Escuela de Tecnologías en Salud, UCR (2013), 242 páginas. Texto completo descargable en la red.

JÍMENEZ CORRALES A., PORRAS MONTERO M. y VALVERDE SALAS K.(2016), "La expansión por omisión: territorios piñeros en los cantones Los Chiles, Upala y Guatuso, Costa Rica (2004-2015)", Estado de la Nación (2016), contribución especial. Texto completo disponible en este enlace.

OBANDO CAMPOS A. (2017), "El Estado detrás de la piña: el conflicto socio-ambiental de monocultivo de la piña. Los Cantones de Upala, Los Chiles y Upala (2000-2015)", Escuela de Ciencias Políticas, UCR, 2017, 228 páginas. Texto completo disponible en este enlace.

RUEPERT Cl. (2013), "Fenómenos ambientales asociados a la producción de piña", Presentación durante Foro sobre la piña del TRAGUA (Tribunal Latinoamericano del Agua) realizada en Costa Rica en el 2013. Presentación disponible en este enlace.



miércoles, 9 de mayo de 2018

¿Informantes malinformados? OIEA desmiente categóricamente a Estados Unidos: Irán sí cumple con obligaciones pactadas en materia nuclear



¿Informantes malinformados? OIEA desmiente categóricamente a Estados Unidos: Irán sí cumple con obligaciones pactadas en materia nuclear

A diferencia de lo afirmado oficialmente por las máximas autoridades de Estados Unidos (y unos pocos días antes por las de Israel - véase nota del NYTimes), Irán sí está cumpliendo a cabalidad con todas las obligaciones que ha contraido con la comunidad internacional desde el 14 de julio del 2015, al suscribir el denominado "pacto nuclear". Así lo ha comunicado oficialmente este 9 de mayo del 2018 la OIEA (Organización Internacional de la Energía Atómica).

La OIEA es una entidad internacional adscrita a Naciones Unidas encargada de monitorear el programa nuclear iraní y de verificar con un equipo de inspectores in situ eventuales incumplimientos por parte de las autoridades persas.

Según todo parece indicar, se trata de un nuevo episodio - de una larga lista - en el cual el actual ocupante de la Casa Blanca procede a afirmaciones escasamente fundamentadas en hechos reales, confirmando así su peculiar estilo desde que llegó en enero del 2017 a ejercer sus funciones como Jefe de Estado.

Al desmentir públicamente al Presidente de Estados Unidos y a sus asesores, era previsible que se dieran algunos repentinos cambios de altos funcionarios de la OIEA: el responsable de inspecciones de la OIEA, Tero Varjoranta, presentó su renuncia al finalizar esta misma semana, con efecto inmediato y sin que conozcan sus razones (véase nota de Le Monde).

Por el lado del Departamento de Estado, uno de sus altos funcionarios, con mayor experiencia en el tema, Richard Johnson, presentó (también, pero por razones posiblemente muy distintas ...) su renuncia dos días después del retiro oficializado por el Presidente de Estados Unidos: se lee en esta nota de prensa que:

"I am proud to have played a small part in this work, particularly the extraordinary achievement of implementing the [deal] with Iran, which has clearly been successful in preventing Iran from acquiring a nuclear weapon".

Una breve puesta en contexto del pacto nuclear con Irán

El acuerdo sobre el programa nuclear iraní del 2015 se denomina "Joint Comprehensive Plan of Action" o JCPOA (en persa برنامه جامع اقدام مشترک‎) y pretende poner fin a las sanciones internacionales contra Irán y permitir a este último desarrollar su programa nuclear bajo ciertas medidas de control y un riguroso régimen de verificaciones por parte de la OIEA. El acuerdo fue suscrito entre Irán y los cinco Estados (P-5) que son Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad, así como con Alemania y la Unión Europea (UE). El JPCOA fue endosado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas mediante la resolución 2331 del 20 de julio del 2015 (véase texto en español con, en anexo, el texto en español del JPCOA).

Además de referir también al texto como tal en inglés del mismo JCPOA (disponible en este enlace), remitimos al lector a nuestra nota publicada en el 2015 en el sitio jurídico de DerechoalDia, la cual intenta poner en perspectiva este acuerdo alcanzado después de varios años de árduas y complejas negociaciones y reproduce - en su parte final - el comunicado oficial emitido por Costa Rica (véase texto disponible en este enlace).

Resulta oportuno precisar que el calendario muy preciso de verificaciones e inspecciones por parte de la OIEA en Irán se ha mantenido desde el 2015, y que la remisión de sus resultados al Consejo de Seguridad se ha dado sin mayor contratiempo. Pese a informaciones periodísticas que buscan desacreditar a Irán (originadas usualmente en Arabia Saudita, Estados Unidos e Israel), Irán ha cumplido el cronograma al que se comprometió en el 2015, y así lo ha confirmado la misma OIEA periódicamente.

Las relaciones comerciales de Irán después de suscribir el pacto nuclear

Desde la firma de este acuerdo en el 2015, Irán ha normalizado paulatinamente sus relaciones comerciales, recibiendo a numerosas delegaciones oficiales europeas, rusas y chinas interesadas en invertir en Irán y ha procedido a suscribir contratos con grandes empresas, como por ejemplo un contrato en diciembre del 2016 con Boeing y con Airbus para remozar su flota aérea comercial (véase nota de prensa al respecto).

Se lee en esta ficha técnica de la Union Europea (UE) que:

"The EU exported over €8,2 billion worth of goods to Iran in 2016. EU exports to Iran are mainly machinery and transport equipment (€3,8 billion, 46,2%), chemicals (€1,8 billion, 22,2%), and manufactured goods (€0,7billion, 8,8%). The EU imported almost €5,5 billion worth of goods from Iran in 2016. Most EU imports from Iran are energy-related (mineral fuels account for €4,2 billion and 77,0% of EU imports from Iran), followed by manufactured goods (€0,4 billion, 8,5%), and food (€0,3 billion, 6,8%)".

En materia turística, la notoria participación de Irán en la Feria Internacional del Turismo (FITUR) en España en el 2016 no pasó desapercibida (véase nota de prensa).

Toma de la ciudad de Meybod en Irán, extraída de artículo de prensa sobre destinos turísticos recomendados por la revista National Geographic para el 2016, en el que aparece - ver artículo - Irán como primer destino recomendado, seguido luego por Costa Rica

El último informe de la OIEA sobre el programa nuclear de Irán (de 10 realizados) fue presentado en febrero del 2018, confirmando el cumplimiento por parte de las autoridades persas de lo pactado en el 2015 (este informe está disponible en este enlace de dicha organización internacional).

La categórica declaración formulada por la OIEA

En su declaración dada a conocer este 9 de mayo del 2018 (véase texto oficial), el máximo jerarca de la OIEA (más conocida por sus siglas en inglés IAEA) ha señalado de forma contundente que:

"The IAEA is closely following developments related to the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). As requested by the United Nations Security Council and authorised by the IAEA Board of Governors in 2015, the IAEA is verifying and monitoring Iran’s implementation of its nuclear-related commitments under the JCPOA. Iran is subject to the world’s most robust nuclear verification regime under the JCPOA, which is a significant verification gain. As of today, the IAEA can confirm that the nuclear-related commitments are being implemented by Iran".

Foto extraida de nota de prensa (ElPais.cr) titulada "Obama tacha de “error grave” decisión de Trump de salirse del acuerdo nuclear"

Como previsible, esta declaración de la OIEA que confirma la inexistencia de violaciones al JCPOA por parte de Irán no ha dado lugar a ningna reacción oficial por parte de Estados Unidos. Su contundencia no admite mayor comentario, haciendo más evidente la maniobra realizada por Estados Unidos y sus informantes en Oriente Medio, y confirmando algunas sospechas sobre las verdaderas razones que motivan el retiro de Estados Unidos del pacto nuclear.

El apoyo solitario de Israel al Presidente de Estados Unidos

El actual ocupante de la Casa Blanca ha anunciado el pasado 8 de mayo que ha ordenado retirar a Estados Unidos de este acuerdo y sancionar a Irán por diversos motivos (véase texto de su Memorandum). El anuncio del Presidente de Estados Unidos fue inmediatamente saludado por Israel (véase nota de Haaretz del mismo 8 de mayo), mientras que fue repudiado por el resto de la comunidad internacional.

Entre muchas de las razones dadas por el Presidente norteamericano para justificar su decisión (varias de ellas totalmente ajenas - como por ejemplo la situación de los derechos humanos - al ámbito cubierto por el JCPOA), se lee que:

"In 2016, Iran also twice violated the JCPOA's heavy water stockpile limits. This behavior is unacceptable, especially for a regime known to have pursued nuclear weapons in violation of its obligations under the Treaty on the NonProliferation of Nuclear Weapons".

Nótese que desde el mismo Congreso de Estados Unidos, se ha detallado, como posible consecuencia que el acuerdo "colapse" si Estados Unidos opta por retirarse de este y por reestablecer un régimen de sanciones comerciales y de otra índole contra Irán:

"It is possible that the JCPOA will collapse without U.S. participation. Major international firms, when threatened with U.S. penalties such as being virtually shut out of the large U.S. market, might exit Iran and thereby cause Iran’s economy to deteriorate sharply. Iranian leaders might argue that Iran is no longer benefitting from complying with the JCPOA and then resume those nuclear activities that are restricted under the accord" (véase informe titulado "Options to Cease Implementing the Iran Nuclear Agreement" del 30 de abril del 2018).

Por su parte Irán, en una declaración oficial del jefe de su diplomacia (véase texto), ha advertido que:

"In the coming days, the US will have to decide whether to finally abide by its obligations. Iran stands firm in the face of futile attempts at bullying. But if the US continues to violate the agreement, or if it withdraws altogether, we will exercise our right to respond, in a manner of our choosing. Bluster or threats won’t get the US a “new deal”, particularly as it is not honoring the deal it already made."

En una interesante entrevista a dos de los negociadores norteamericanos del JCPOA (véase entrevista publicada en ElPais), se lee que para uno de ellos, Robert Malley

"Es una decisión injustificada que pone a la región en una situación más peligrosa, aísla a Estados Unidos y crea el riesgo de una confrontación con Irán que el acuerdo nuclear había logrado solventar".

Las reacciones ante el vacío que conlleva el retiro de Estados Unidos del acuerdo nuclear pactado con Irán en el 2015

Resultado de varios años de delicadas negociaciones, el JCPOA logró resolver los problemas causados por el programa nuclear iraní y por las sanciones contra Irán. El retiro infundado por parte de Estados Unidos del JCPOA amenaza ahora con provocar un efecto desestabilizador para la comunidad internacional.

Alemania, Francia y Reino Unido circularon una declaración conjunta de sus Jefes de Estado (véase texto completo en francés y texto en inglés) en la que externaron que:

C’est avec regret et préoccupation que nous, dirigeants de la France, de l’Allemagne et du Royaume-Uni, prenons note de la décision du Président Trump de procéder au retrait des Etats-Unis d’Amérique du Plan d’action global commun (ou Joint Comprehensive Plan of Action - JCPoA). Ensemble, nous soulignons notre engagement continu en faveur du JCPoA. Cet accord revêt une importance particulière pour notre sécurité partagée. Nous rappelons que le JCPoA a été entériné à l’unanimité par le Conseil de sécurité des Nations unies dans la résolution 2231. Cette résolution demeure le cadre international juridiquement contraignant pour la résolution des différends liés au programme nucléaire iranien."

Además de Canadá en el hemisferio americano (Nota 1), en América Latina se registran las reacciones oficiales de Cuba (Nota 2) y de Venezuela (Nota 3) entre las más vehementes.

Consciente de los graves riesgos de desestabilización que supone el retiro de Estados Unidos de este acuerdo, en su comunicado oficial (véase texto oficial) la Unión Europea (UE) no dudó en afirmar que:

"The JCPOA, unanimously endorsed by UN Security Council Resolution 2231, is a key element of the global nuclear non-proliferation architecture and is crucial for the security of the region. As long as Iran continues to implement its nuclear related commitments, as it has been doing so far and has been confirmed by the International Atomic Energy Agency in 10 consecutive reports, the EU will remain committed to the continued full and effective implementation of the nuclear deal".

A modo de conclusión: Estados Unidos e Israel, una dupla dispuesta a desafiar al resto de la comunidad internacional

Esta decisión unilateral de Estados Unidos debe entenderse como el resultado de los estrechos lazos que mantiene el Presidente norteamericano con las máximas autoridades israelíes. Con relación al juego político con Israel que ha establecido desde su llegada a la Casa Blanca en enero del 2017 su actual ocupante, se lee en este artículo de Haaretz, que:

"Trump’s decision was also exactly what Israel had demanded – not just withdrawal from the deal but also heavy sanctions and a mention of Iran’s ballistic-missile project, not just its nuclear program. With his theatrical spectacle last week, Netanyahu showed that he’s coordinated with Trump, while Trump fulfilled a second campaign promise to his voters".

Como se recordará, en diciembre del 2017, el Presidente de Estados Unidos anunció el traslado de la Embajada de Estados Unidos de Tel-Aviv a Jerusalén, provocando un repudio generalizado que tuvimos la oportunidad de analizar, en el caso de las reacciones registradas en América Latina (véase nuestra breve nota publicada en el sitio MonitordeOriente).

Se trata de un gesto anhelado por Israel que ningún Presidente de Estados Unidos se había atrevido a materializar como tal.

Un proyecto de resolución presentado el 18 de diciembre del 2017 al Consejo de Seguridad (véase texto) evidenció el aislamiento de Estados Unidos al contar con un solo voto en contra (veto) frente a 14 votos a su favor condenando esta decisión norteamericana. La nueva sede diplomática de Estados Unidos será inaugurada este próximo 14 de mayo en Jerusalén, en abierta violación a varias resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y al consenso internacional por más de 70 años sobre el estatuto internacional de Jerusalén.

Urgido el embajador de Estados Unidos de compañía en la Ciudad Santa, dos días después, será la sede diplomática de Guatemala la que será oficialmente inaugurada en Jerusalén, y para el 21 de mayo se espera la inauguración de la embajada de Paraguay.

Notas ---



Nota 1: El comunicado oficial de Canadá se lee así:

"Statement May 8, 2018 - Ottawa, Ontario - Global Affairs Canada

The Honourable Chrystia Freeland, Minister of Foreign Affairs, today issued the following statement:

“Canada supports an effective rules-based international order, and believes that the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) is essential to prevent Iran from developing a nuclear weapons capability and to ensure greater regional and global security.

“Iran must not be allowed to develop nuclear weapons. The JCPOA has subjected Iran’s nuclear program to a rigorous and unprecedented international verification regime by the International Atomic Energy Agency.

“The JCPOA, agreed to with Iran in 2015 and endorsed by the UN Security Council, is not perfect. It has, however, helped to curb a real threat to international peace and security.

“At the G7 Foreign Ministers’ meeting two weeks ago, all countries agreed: 'We are committed to permanently ensuring that Iran's nuclear program remains exclusively peaceful, in line with its Non Proliferation Treaty obligations and its commitments under the Joint Comprehensive Plan of Action.'

“Canada regrets that the United States has decided to withdraw from the JCPOA, particularly given that, according to the IAEA, Iran continues to implement its JCPOA commitments.

“Canada condemns Iran’s ongoing development of its ballistic missile program and its ballistic missile launches, which are destabilizing for the region. Canada maintains sanctions that target Iran’s ballistic missile programs.

“We continue to oppose Iran’s support for terrorist organizations, its threats toward Israel, and its support for the Assad regime in Syria. We will continue to work closely with our allies and partners to hold Iran to account.




Nota 2: El comunicado oficial de Cuba se lee así: "Cuba rechaza retirada de Estados Unidos del Acuerdo Nuclear con Irán

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba expresa su profundo rechazo a la decisión del gobierno de los Estados Unidos de retirarse del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) o Acuerdo Nuclear con Irán y de reimponer sanciones a este país. El incumplimiento de estos compromisos internacionales atenta contra las normas de convivencia entre los Estados y puede provocar graves consecuencias para la estabilidad y la seguridad en el Medio Oriente.

Cuba se opone a la aplicación de medidas económicas coercitivas unilaterales contra cualquier país y reconoce el derecho legítimo de todos los Estados al uso de la energía nuclear con fines pacíficos. Al mismo tiempo, llama al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a cumplir la responsabilidad que le confiere la Carta de la ONU en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, exigiendo el cumplimiento de su resolución 2231 (2015) sobre la cuestión nuclear iraní, aprobada por unanimidad en ese órgano.

La Habana, 9 de mayo de 2018




Nota 3: El comunicado oficial circulado por parte de Venezuela se lee de la siguiente manera:

" Venezuela rechaza retiro de EEUU del Plan Conjunto de Acción Integral

El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en nombre del Pueblo y el Gobierno venezolano, rechaza la decisión unilateral del Presidente estadounidense Donald Trump, al retirar a su país del Plan Conjunto de Acción Integral, acuerdo suscrito en julio de 2015 entre la República Islámica de Irán y el grupo G 5+1.

Este acuerdo fue el resultado constructivo y compartido tras doce años de negociaciones y diplomacia activa, entre los países firmantes. Vale destacar que en los casi 3 años de aplicación del Acuerdo, las partes han confirmado repetidamente su aplicación y buen funcionamiento, a través de la Asociación Internacional de Energía Atómica (IAEA), por lo que esta medida de la administración Trump es un paso injustificable, indeseado y errático.

El Gobierno Bolivariano de Venezuela exhorta al resto de los integrantes del Plan Conjunto de Acción Integral, así como a la comunidad internacional en general, para hallar las vías que preserven el espíritu y la aplicación de tan importante Acuerdo.

La República Bolivariana de Venezuela reitera una vez más su profunda amistad y solidaridad con el Pueblo y Gobierno iraní y hace votos para que el supremo valor de la paz y el respeto a la soberanía de la República Islámica de Irán, sean el sustento de las soluciones por construir entre las partes involucradas.

Caracas, 10 de mayo de 2018
".





martes, 1 de mayo de 2018

Información / desinformación: a propósito de una virulenta declaración conjunta sobre las "armas químicas" en Douma (Siria)



Información / desinformación: a propósito de una virulenta declaración conjunta sobre las "armas químicas" en Douma (Siria)



El pasado 26 de abril, Rusia organizó en La Haya una reunión en la sede de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ, más conocida por sus siglas en inglés OPCW, véase sitio oficial), para dar a conocer los testimonios de varias personas sobre el supuesto ataque químico acaecido en Douma el pasado 7 de abril por parte de las fuerzas armadas sirias (véase nota publicada en Le Figaro). A raiz de esta convocatoria, los representantes de Estados Unidos, Francia y Reino Unido, junto con otros 14 Estados miembros de la OPAQ, hicieron circular una vehemente declaración conjunta, en la que denuncian la iniciativa rusa en términos inusitados y cuyo contenido se analizará en las líneas siguientes.

Leemos por ejemplo en esta declaracion conjunta que:

"Aujourd’hui, la Russie a décidé d’organiser une prétendue réunion d’information au siège de l’OIAC, qui n’est rien d’autre qu’un simple exercice de propagande. Pire encore : en présentant l’information dans les locaux de l’OIAC, la Russie tente de donner la fausse impression que l’OIAC a organisé cette réunion à la demande de la Russie" / "Today, Russia has decided to hold a so-called information meeting at OPCW headquarters that is nothing more than a crude propaganda exercise. Worse, by presenting the briefing in the OPCW premises, Russia is trying to create the false impression that the OPCW has convened this meeting at Russia’s request."

(véase enlace oficial y texto de la mencionada declaración conjunta reproducida al final de esta nota en francés. El texto en inglés está disponible en este enlace de la Embajada de Francia en los Países Bajos).

Como bien se sabe, los aparatos diplomáticos de los Estados usualmente se manifiestan mediante un vocabulario mesurado y ponderado. Sus funcionarios, cual sea la situación, siempre buscan elaborar comunicados oficiales o declaraciones cuya lectura confirme que el arte de la diplomacia es el arte del lenguaje. Todo buen diplomático conoce las reglas que en este ámbito imperan, y las formalidades que exigen, y ello desde hace mucho tiempo. Por más contundente y vehemente pretenda ser el mensaje, hay reglas y formas a las que los Estados recurren usualmente en su quehacer diario en el seno de la sociedad internacional al manifestarse sobre determinados hechos.

Foto de la reunión de La Haya convocada por Rusia sobre el incidente de Douma del 26 de abril del 2018, extraida del artículo del periodista Jonathan Cook, titulado "The west closes its ears to Douma testimony", disponible aquí

Douma o la certeza absoluta de unos ante imágenes circulando en redes sociales

Como es de conocimiento público, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido están plenamente convencidos (a pesar de la ausencia de pruebas y de conocer los resultados de una investigación in situ) que las autoridades sirias son directamente implicadas en el uso de armas químicas del incidente de Douma registrado el pasado 7 de abril.

Otros Estados, por el contrario, esperan primero revisar los resultados de una investigación que una misión de la misma OPAQ debe realizar en el lugar de los hechos acaecidos el 7 de abril en Douma. Esta misión llegó a Siria el 13 de abril y concluyó su estadía este 4 de mayo. Según se lee en el comunicado oficial: "The initial deployment of the Fact-Finding Mission (FFM) to gather facts in Douma, Syrian Arab Republic is complete. The Director-General thanked the FFM team members for their courage and professionalism. Samples were brought to the OPCW Laboratory where they will be split and then dispatched to the OPCW designated laboratories" (véase comunicado oficial de la OPAQ en inglés).

Algunos corresponsales occidentales de prensa con amplia experiencia en el terreno y que llegaron a Douma pocos días después, como Robert Fisk (The Independent, Reino Unido) han descrito cosas muy distintas a lo sostenido oficialmente por Francia y sus dos aliados: véase su artículo titulado "The search for truth in the rubble of Douma – and one doctor’s doubts over the chemical attack" (disponible aquí), cuya traducción al español fue recientemente publicada en Chile en el medio digital PiensaChile (véase enlace) y editada en Costa Rica (véase enlace) por el medio digital Cambio Político.

Es de notar que un Estado vecino de Siria, Israel fue uno de los primeros Estados en incriminar oficialmente a las autoridades sirias en el evento de Douma (véase nota de Haaretz).

Cabe recordar que hace unos años, el Quai d´Orsay en Francia se había mostrado mucho más prudente con relación a la cuestión - compleja en un conflicto como el que vive Siria - de la imputación del uso de sustancias químicas:

"La difficulté à laquelle nous sommes confrontés, c'est de passer du stade de l'indice ou de l'information à celui de la preuve au sens des procédures de vérification internationale. Plus difficile encore est de passer de la preuve à l'imputabilité, c'est-à-dire à la capacité de désigner qui a utilisé de telles armes. Pour passer ainsi de l'indice à la preuve et de la preuve à l'imputabilité, la première chose à faire est d'aller vérifier sur place" (véase el denominado Point de presse, del 16 de abril del 2013).

Foto extraída de nota de prensa del New York Post titulada "Surprise: Trump and France’s Macron may wind up allies after all"

Como se apreciará en las líneas siguientes, la certeza de unos ante la incertidumbre generalizada ha provocado una verdadera batalla informativa y diplomática, que evidencian los términos y el lenguaje con el que fue redactada esta declaración conjunta suscrita por algunos de los Estados que integran la OPAQ en La Haya. Sobre este preciso punto, se recomienda una lectura minuciosa, en particular para quiénes conocen de tradiciones y costumbres diplomáticas y pueden detectar algunas cosas cuando un Estado (o un grupo de Estados) se apartan de estos usos.

17 firmas de 192 Estados

Sólo 17 Estados aceptaron firmar la declaración conjunta antes mencionada del 26 de abril del 2018. Es preciso señalar que la OPAQ cuenta con 192 Estados miembros, el único Estado del mundo que no es miembro de la OPAQ siendo Israel (véase estado oficial de firmas y ratificaciones de la Convención para la Prohibición de las Armas Químicas). Destaca el hecho que ningún Estado de África, de América Latina ni de Asia aceptara firmar esta declaración conjunta; y que, en el caso de continente europeo, sólo aceptaron firmarla Alemania, Dinamarca, Islandia, Italia y los Países Bajos, así como Bulgaria, Eslovaquia, Polonia, la República Checa y los tres Estados bálticos. Australia y Canadá completan la lista de los 17 Estados firmantes de la declaración conjunta.

El texto de esta declaración viene precedido, al menos en el sitio oficial de la diplomacia francesa (véase enlace), de un texto que cita al delegado de Francia ante la OPAQ utilizando un tono y expresiones bastante inusuales en comunicados oficiales. Según el comunicado de Francia que incluye las palabras de su delegado,

"cette réunion n’était qu’une mascarade sordide : « Elle ne surprend pas de la part du gouvernement syrien qui n’est pas à une obscénité près, ayant massacré et gazé son propre peuple depuis plus de 7 ans. Il devra rendre des comptes. Nous y veillerons. C’est plus étonnant de la part de la Russie qui ne peut espérer tromper personne avec une manœuvre aussi grossière »."

La prudencia en materia de imputación antes mencionada por parte del Quai d´Orsay pareciera haberse totalmente desvanecido; contradiciendo incluso el delegado francés la posición externada por Francia en abril del 2013, al remontar el péndulo del tiempo a antes del 2013 cuando se refiere a "depuis plus de 7 ans".

Al leer lo editado en el sitio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia sobre esta declaración, se desprende que Francia (y sus dos aliados anglosajones) no está para nada contenta con la iniciativa rusa y que considera útil y oportuno alzar significativamente el tono (aunque ello conlleve proceder a algunas innovaciones en materia diplomática).

Cabe precisar que no se cuenta con información que permita comparar la forma en que fue difundida esta declaración conjunta por parte de Francia con la divulgación eventualmente hecha por parte de otros Estados de la misma: esta declaración conjunta no aparece en el sitio de la diplomacia alemana (véase sitio oficial), como tampoco aparece en el sitio de la diplomacia danesa (véase sitio oficial), ni en el de la italiana (véase sitio oficial) ni canadiense (véase sitio oficial). Agradecemos desde ya a nuestros estimables lectores conocedores de lenguas eslavas indicarnos cuales Estados de Europa Oriental procedieron a la eventual difusión de esa declaración, lo cual nos permitiría apreciar mucho mejor el sostenido esfuerzo de divulgación de ese documento por parte de Francia.

También es de indicar, como dato notorio para los especialistas en comunicación y divulgación, que las referencias a esta declaración publicadas en la prensa son ... muy pocas (prensa gala incluida).¿Cómo explicar que 17 Estados suscriban un vehemente texto cuya divulgación haya sido tan escasa en medios de prensa? No se tiene una respuesta a esta pregunta, que merece, en nuestra modesta opinón, ser planteada.

El contexto en el que se enmarca esta declaración conjunta

Recordemos que, después del bombardeo aéreo que Estados Unidos, Francia y Reino Unido realizaron contra Siria el pasado 13 de abril, diversos sitios y análisis han puesto en tela de duda la responsabilidad de Siria en el incidente de Douma y denunciaron el verdadero «fiasco» que fue este bombardeo desde el punto de vista militar. Mientras tanto, una buena cantidad de juristas concluyeron sus análisis reafirmando la total ilegalidad del bombardeo a la luz del derecho internacional y de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas relativas al uso de la fuerza armada.

Rusia, por su parte, denunció el hecho de que se acusara a las autoridades sirias sin tener la menor prueba de su responsabilidad directa en el uso de armas químicas y encontró varios elementos que parecen demostrar que el incidente de Douma es un montaje.

Nótese que en declaraciones dadas a conocer 24 horas antes de estos ataques aéreos concertados, el mismo Secretario de Defensa de Estados Unidos admitió públicamente no contar con ninguna prueba ("evidence") sobre el evento en Douma del 7 de abril, más allá de lo que se pudo leer en las redes sociales ("social media indicators" según la expresión usada por el funcionario norteamericano): véase al respecto el video de su comparecencia ante una Comisión del Congreso, disponible en este enlace de twitter.

Desde la perspectiva jurídica, en un análisis (cuya lectura se recomienda) publicado horas antes de la orden dada por el Presidente de Estados Unidos de iniciar los bombardeos en Siria, la Profesora Mary Ellen O'Connell (Universidad de Notre Dame) concluía sus reflexiones señalando que:

" In other words, he plans to violate the prohibition on the use of force to send the message of how important it is to comply with the law on chemical weapons. And he is doing so with relish as he tweets, ‘Get ready Russia, because [the missiles] will be coming, nice and new and “smart!”’. French President Macron has actually chosen to encourage Trump and Britain’s Prime Minister May is still considering options. There should, however, be only one option for States committed to the rule of law: Use the means available in international law to seek accountability for law violations. It is a dangerous moment in history to do anything else."

(véase artículo titulado "Unlawful Reprisals to the Rescue against Chemical Attacks?", publicado por EJIL-talk y disponible aquí).

Siempre desde la perspectiva del derecho internacional público, los Profesores Olivier Corten (Université Libre de Bruxelles) y Nabil Hajjami (Université de Nanterre) en su artículo titulado "Les frappes des Etats-Unis, du Royaume-Uni et de la France en Syrie : quelles justifications juridiques ?" (disponible aquí), concluyen sus reflexiones alertando que:

"... à force de multiplier les précédents dans lesquels on écarte purement et simplement le droit international au nom d’impératifs moraux ou politiques que l’on définit et interprète soi-même, la norme elle-même tend à s’estomper, si pas à disparaître. En ce sens, l’enjeu de la crise syrienne va bien au-delà de l’opportunité ou de la légitimité des frappes limitées menées contre le régime syrien le 14 avril dernier".

El inusual recordatorio hecho por el actual Secretario General de Naciones Unidas a los Estados Miembros del Consejo de Seguridad en su alocución del mismo 14 de abril puede leerse como una diplomática llamada de atención:

"As Secretary-General of the United Nations, it is my duty to remind Member States that there is an obligation, particularly when dealing with matters of peace and security, to act consistently with the Charter of the United Nations and with international law in general. The UN Charter is very clear on these issues" (véase comunicado oficial de prensa del Secretario General de Naciones Unidas).

Finalmente, vale la pena mencionar el argumento de una operación basada en "consideraciones humanitarias" que algunos analistas han presentado a partir de declaraciones oficiales dadas por las autoridades en el Reino Unido después del 13 de abril. En un artículo, el Profesor Marko Milanovic (Universidad de Nottingham) concluye que:

"To conclude, the UK’s humanitarian intervention argument is so bad even on its own terms that it is clear why the US and France chose to stay silent – no legal argument is in their view a better option than a palpably bad one"

(véase su texto titulado "The Syria Strikes: Still Clearly Illegal", publicado en EJIL-Talk y disponible aquí).

Violar el derecho internacional so pretexto de defenderlo: una peligrosa apuesta

En el texto de la declaración conjunta, podemos leer que para Francia, Estados Unidos, Reino Unido y los 14 Estados que la suscriben, "Obstruction, propagande, désinformation sont autant de tentatives visant à porter atteinte au cadre multilatéral".

Esta frase posiblemente provoque alguna sonrisa a los numerosos juristas que denunciaron la acción militar unilateral realizada por tres Estados que son Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en clara violación de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas. Con relación a esta última, vale la pena destacar que después de los atentados perpetrados en París, en el 2015, Francia presentó ante el Consejo de Seguridad un proyecto de resolución que omitía toda referencia a la Carta. En aquel momento, nos permitimos señalar que:

La France, à cet égard, avait surpris bien des observateurs en présentant, suite aux attentats de Paris, un projet de résolution au Conseil de Sécurité (voir le texte de la « blue version » diffusée aux membres du Conseil) sans aucune mention à la Charte des Nations Unies dans le dispositif du texte : une grande première pour la diplomatie française, qui mérite d’être soulignée" (véase nuestra nota titulada "Contre une invocation abusive de la légitime défense face au terrorisme", publicada por Dommagescivils y disponible aquí).

Desde el punto de vista político, queda claro que los tres Estados autores del bombardeo del 13 de abril, al asociarse de esa manera (sin esperar disponer de elementos probatorios verificados y verificables) perdieron la poca credibilidad que aún podían conservar en el Medio Oriente, en particular en el caso de Francia. En cuanto a la fecha escogida para lanzar su ataque tripartito del 13 de abril, esa fecha coïncidió con la llegada a Siria del equipo enviado por la OPAQ para investigar el incidente de Douma.

Sobre ese detalle y otros más, remitimos a nuestros estimables lectores al breve artículo que elaboramos sobre las reacciones oficiales de los Estado de América Latina al bombardeo contra Siria, titulado "Yo sospecho, tú sospechas, ... nosotros bombardeamos": a propósito del bombardeo realizado por Estados Unidos, Francia y Reino Unido en Siria y las reacciones oficiales suscitadas en América Latina" (disponible aquí).

Nótese que el comunicado oficial emitido por Costa Rica se destacó de todos los demás con relación a la imputación directa a Siria del evento de Douma del 7 de abril. En el mismo artículo se refiere al hecho - algo previsible - que el único Presidente de América Latina en haber apoyado el ataque tripartita contra Siria, fue el de Colombia.

No cabe duda que esta reunión informativa convocada en La Haya por Rusia sobre el evento de Douma no fue del agrado de Francia (ni de sus dos socios anglosajones). No obstante, en vez de tomar nota de esta, o bien proceder a comunicar de manera diplomática su descontento con la iniciativa rusa, escogiendo los mejores términos que ofrece la prodigiosa riqueza del lenguaje, Francia optó por otro tipo de reacción, un tanto virulenta, que puede generar mas dudas que las que pretende disipar.

Bombardeos ilegales contra Siria basados en informes de inteligencia

La ausencia de evidencias fehacientes que demuestren la responsabilidad de Siria en los diversos episodios donde se sugiere el uso de sustancias químicas ha dejado de ser un obstáculo para proceder a bombardeos aéreos contra Siria. Ello quedó demostrado con el bombardeo estadounidense de abril de 2017, realizado de forma solitaria; y se volvió a confirmar el pasado 13 de abril del 2018.

Cabe recordar que, después de aquel bombardeo realizado por Estados Unidos en abril de 2017, un informe de los servicios secretos de Francia vino a confirmar las conclusiones a las que habían llegado sus homólogos norteamericanos (remitimos al lector a nuestro breve análisis, titulado "Armes chimiques en Syrie: à propos du rapport des services de renseignements français", disponible aquí).

El anuncio oficial de «pruebas irrefutables contra Siria» por parte de Francia se hizo pocos días antes de la primera vuelta de las elecciones, el 19 de abril de 2017 (véase déclaraciones del jefe de la diplomacia gala contenidas en esta nota de prensa de Le Parisien).

Como indicado, el informe de los servicios de inteligencia de Francia fue precedido por un informe de inteligencia presentado por Estados Unidos: este último había sido calificado por especialistas norteamericanos como un "obviously false, misleading and amateurish intelligence report" (sic.)(Nota 1).

A modo de conclusión

Cabe recordar que, en septiembre de 2013, Francia estuvo a punto de declararle la guerra a Siria. El súbito cambio de posición del Presidente Barack Obama obligó entonces a Francia a revisar su dispositivo militar. (véase nota de prensa titulada "L’été où la France a presque fait la guerre en Syrie" publicada en setiembre del 2014 en Le Monde). Se lee en la precitada nota que:

"Mercredi 4 septembre, le jour du débat prévu à l’Assemblée nationale, François Hollande convoque ses principaux ministres et collaborateurs pour un conseil restreint, à 11 h 30, à l’Elysée. « Le président insiste sur la nécessité d’apporter des informations d’origine françaises pour valider un argumentaire en quatre points, raconte un témoin : c’est une attaque chimique, massive, contre des civils, orchestrée par le régime de Bachar Al-Assad ».

Hay que agradecer a la redacción de Le Monde por tener tan bien informados a sus lectores, y notar que el sencillo guión solicitado por el Presidente François Hollande a sus colaboradores más cercanos ("attaque chimique / massive / contre des civils / orchestrée par le régime de Bachar Al-Assad") recuerda uno proveniente esta vez de su homólogo, el Presidente Barack Obama (Nota 2).

Esta declaración conjunta del 26 de abril de 2018 parece confirmar que, casi cinco años después, Francia sigue manteniendo la misma estrategia en Siria y que, esta vez, ha encontrado en Estados Unidos un socio dispuesto a acompañarla, mediante la ayuda de informes de inteligencia.

Todo intento por demostrar algo que no sea la responsabilidad directa de las autoridades sirias es considerado inoportuno y debe ser combatido: todos los Estados que presten su concurso a ello son bienvenidos.

Notas



Nota 1: Véase informe del Profesor Theodore A. Postol del MIT (Massachusetts) (texto completo disponible aquí) titulado "A Quick Turnaround Assessment of the White House Intelligence Report Issued on April 11, 2017 About the Nerve Agent Attack in Khan Shaykhun, Syria", página 4.

Nota 2: En el 2013, algunos medios de información (pocos) se interesaron por correos filtrados relativos a un plan secreto de la Administración Obama para endosar a Siria el uso de armas químicas que justificarían una intervención militar: véase el artículo titulado “U.S. ‘backed plan to launch chemical weapon attack on Syria and blame it on Assad’s regime’“, retirado del sitio inicial que lo publicó y capturado por otros sitios, como por ejemplo en este enlace.



Texto de la Declaración conjunta del 26 de abril del 2018, tal y como publicada en el sitio oficial de la diplomacia francesa (texto en francés):





Syrie / Attaques chimiques à Douma (7 avril) : Déclaration conjointe de la France et 16 autres pays membres de l’OIAC (26.04.2018)

" Le 26 avril, la Russie a décidé la tenue d’une prétendue réunion « d’information » au siège de l’OIAC (La Haye) mettant en scène des « témoins » syriens.

La France et 16 autres pays membres de l’OIAC ont dénoncé cet exercice de propagande dans une déclaration (lire ci-dessous).

Comme l’a affirmé le représentant de la France auprès de l’OIAC, M. Philippe Lalliot, cette réunion n’était qu’une mascarade sordide : « Elle ne surprend pas de la part du gouvernement syrien qui n’est pas à une obscénité près, ayant massacré et gazé son propre peuple depuis plus de 7 ans. Il devra rendre des comptes. Nous y veillerons. C’est plus étonnant de la part de la Russie qui ne peut espérer tromper personne avec une manœuvre aussi grossière. »

La France et ses partenaires rappellent leur plein soutien à l’enquête menée par l’OIAC en dépit de toutes les tentatives de propagande et d’obstructions.

Déclaration conjointe de l’Allemagne, l’Australie, la Bulgarie, le Canada, le Danemark, l’Estonie, des Etats-Unis d’Amérique, de la France, l’Islande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, des Pays-Bas, de la Pologne, la République tchèque, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de la Slovaquie

Les enquêteurs de l’OIAC sont en Syrie depuis deux semaines. Ils effectuent leur travail dans des conditions très difficiles. Nous leur apportons notre soutien plein et entier. Au lieu de collaborer avec l’OIAC pour l’aider dans son enquête, la Syrie et la Russie n’ont cessé de dresser des obstacles dans le but de retarder son déploiement à Douma et de mener une campagne de propagande contre elle. l’Allemagne, l’Australie, la Bulgarie, le Canada, la République tchèque, le Danemark, l’Estonie, les Etats-Unis d’Amérique, la France, l’Islande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, les Pays-Bas, la Pologne, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la Slovaquie, pays signataires de la présente déclaration conjointe et Etats Parties à la Convention sur l’interdiction des armes chimiques (CIAC), entendent attirer l’attention sur cette intolérable campagne de diffamation menée par la Russie contre l’OIAC et appeler à y mettre un terme. Aujourd’hui, la Russie a décidé d’organiser une prétendue réunion d’information au siège de l’OIAC, qui n’est rien d’autre qu’un simple exercice de propagande.

Pire encore : en présentant l’information dans les locaux de l’OIAC, la Russie tente de donner la fausse impression que l’OIAC a organisé cette réunion à la demande de la Russie. Rien n’est moins vrai. Le Directeur général de l’OIAC a tenu sans ambiguïté à se dissocier de cette réunion. Il a fait savoir à la Russie que cette réunion, au cours de laquelle des « témoins » prétendront avoir été engagés pour simuler une attaque à l’arme chimique, va à l’encontre du travail que les inspecteurs de l’OIAC sont en train d’effectuer en Syrie et que, si ces « témoins » détiennent des informations utiles sur l’incident, ils doivent en premier lieu être présentés aux enquêteurs de la FFM (Mission d’établissement des Faits) pour être interrogés.

L’authenticité des informations recueillies à ce jour concernant les attaques chimiques perpétrées à Douma le 7 avril, grâce à de nombreux témoignages, est incontestable. Des ONG médicales ont trouvé des traces d’agents chimiques sur les victimes. De nombreuses photos et vidéos, qui se corroborent mutuellement, ont été authentifiées. Les symptômes présentés le jour de l’attaque par plus de 500 patients accueillis dans les centres médicaux évoquaient indubitablement une intoxication au gaz. L’OMS a exprimé son inquiétude devant des rapports de ses partenaires sur l’état de patients présentant des signes et symptômes révélateurs d’une exposition à des substances chimiques toxiques. Nous attendons que ces informations soient vérifiées et confirmées par un examen indépendant de la FFM.

Obstruction, propagande, désinformation sont autant de tentatives visant à porter atteinte au cadre multilatéral. Nous exhortons la Russie à coopérer pleinement avec l’OIAC, comme elle a affirmé à maintes reprises vouloir le faire et comme ses engagements internationaux l’y obligent. Nous appelons également la Russie à exercer la responsabilité qui lui incombe d’exhorter la Syrie à respecter pleinement ses engagements au titre de la CIAC.

Nous réaffirmons notre plein soutien au Directeur général de l’OIAC et au Secrétariat technique et exprimons notre entière confiance dans le travail de l’OIAC.
"







Una versión en francés de la presente nota fue publicada en el sitio de Debate Global (Colombia), disponible aquí.